En sesión extraordinaria los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aprobaron los topes de gastos de precampaña para la elección de Ayuntamientos para el proceso electoral Ordinario 2017-2018, cuyo monto se establece de acuerdo a la fórmula que se fundamenta en la Ley Electoral en nuestra entidad.
Durante los 30 días que comprenden las precampañas (del 13 de enero al 11 de febrero del 2018), todas las y los precandidatos podrán erogar hasta 31 millones 013 mil 828 pesos, según la sumatoria de los topes en los 43 municipios.
En tanto, el segundo acuerdo aprobado por el Consejo General fue del Modelo de distribución y pautas para la trasmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos, estableciendo que en el ámbito local, será 11 minutos para precampaña, 9 minutos para la intercampaña, y 15 minutos para campaña, tanto para los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, como candidaturas independientes.
De igual modo, se aprobó la expedición del Reglamento de fiscalización de los recursos de las organizaciones de observadores electorales, el cual busca tener constancia del origen de los recursos para desarrollar sus funciones y la utilización de los mismos.
Finalmente, por unanimidad de votos las y los consejeros electorales aprobaron el acuerdo por el que se desecha la denuncia presentada por parte de la dirigente del PRI en Ciudad Mante, la C. Guadalupe Acevedo Díaz, quien no acreditó la existencia de las infracciones atribuidas a los CC. Enrique Murillo Rodríguez, Subdirector Regional del Centro de Emergencia; Luis Alfonso Martínez Chabrand, Coordinador de Tecnología Educativa; Rodrigo Enríquez Pérez, Delegado de ITAVU; Ignacio Ledezma Leal, Subdirector administrativo del Hospital General “Dr. Emilio Martínez Manatou”; y Luis Alberto Martínez, administrativo del CONALEP número 127 en esa localidad.
De acuerdo a la denuncia de hechos, la dirigente priista denuncio a los funcionarios municipales del Mante por el uso indebido de recursos públicos, por la supuesta asistencia de los servidores públicos denunciados a un evento partidista en horario de trabajo, violentando el principio de imparcialidad en los comicios del próximo año.
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