· Va dirigida a beneficiar a la población más vulnerable y combate la discrecionalidad en la entrega de apoyos
Cd. Victoria, Tam.- Para promover la efectiva entrega de los apoyos alimentarios por parte del gobierno Estatal y los municipales, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron en el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Tamaulipas.
El legislador Rafael González Benavides, quien presentó la iniciativa a nombre de la bancada, señala que el objetivo es generar las condiciones que garanticen el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población en su conjunto, “con particular énfasis en la salvaguarda y tutela de los segmentos de la población que mayor atención y cuidado requieren de las autoridades”.
Para ello se contemplan siete capítulos, subdivididos en 34 artículos y el apartado de disposiciones transitorias.
Su capitulado regula: las disposiciones generales, el Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, los derechos de la población en esta materia, las autoridades competentes de su aplicación y cumplimiento, la planeación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, los Programas derivados del Sistema, y las Responsabilidades, Sanciones y Recursos.
La ley pretende agregar al catálogo de disposiciones jurídicas de la entidad, un instrumento legal que regule la actividad del estado y municipios en la entrega de apoyos alimentarios a la población en general, con énfasis en los segmentos de la población en vulnerabilidad, como madres solteras único sustento económico en sus hogares; madres adolescentes, familias en las que uno de sus miembros tenga alguna discapacidad; y adultos mayores desempleados, jubilados o pensionados, que en todos los casos, carecen de recursos económicos para atender sus necesidades alimentarias y nutricionales, que les permitan una buena calidad de vida.
Asimismo, busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades estatales y municipales, en acciones como la definición de los padrones de beneficiarios y los apoyos alimentarios y nutricionales, así como en la aplicación de criterios partidistas o discriminatorios para determinar los beneficiarios de los programas sociales.
Promueve la integración de los legisladores en un Consejo de Evaluación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado, que involucre también a los servidores públicos de las dependencias y entidades vinculados a esta problemática.
También contempla que las autoridades de desarrollo social, salud y dependencias afines refuercen planes, acciones y programas para enfocar esfuerzos en la mejoría de los hábitos nutricionales y en el acceso de la población a los alimentos y nutrientes que les permita una mejor y mayor calidad de vida.
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